EL PASO, Texas – Un ciudadano mexicano fue sentenciado en un tribunal federal a 300 meses de prisión por un cargo de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina, 180 meses por un cargo de compra de armas de fuego a través de intermediarios y tráfico de armas de fuego, y 60 meses por un cargo de conspiración para contrabandear grandes cantidades de dinero en efectivo.
Todas las sentencias se cumplirán simultáneamente.
Según documentos judiciales, René Hernández-Cordero, de 52 años, de Ciudad Juárez, estaba involucrado en una organización que contrabandeaba armas de fuego a México y metanfetamina a los Estados Unidos.
En agosto de 2023, Hernández-Cordero y el coacusado Jesús Gerardo Ramos, de 53 años, de El Paso, se reunieron en una gasolinera de El Paso con el propósito de obtener 20 armas de fuego tipo AK-47 y dos rifles Barrett calibre .50 que habrían sido contrabandeados a México.
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La evidencia presentada en el juicio mostró que este grupo en particular contrabandeó cientos de armas de fuego de los Estados Unidos a México entre agosto de 2022 y agosto de 2023.
Ramos se declaró culpable en abril de un cargo de tráfico de armas de fuego. Está previsto que sea sentenciado el 26 de septiembre.
El coacusado, Brian Alexis Muñoz Castro, de 21 años, de El Paso, también se declaró culpable en abril de un cargo de tráfico de armas de fuego más un cargo de conspiración para poseer con la intención de distribuir metanfetamina. La audiencia de sentencia está programada para el 23 de octubre.
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Una tercera coacusada, María Del Rosario Navarro Sánchez, alias “Chayo”, alias “Fernanda”, de 38 años, de México, sigue prófuga. Está acusada de dos cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina, un cargo de compra de armas de fuego a través de intermediarios y un cargo de tráfico de armas de fuego.
El fiscal federal Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas hizo el anuncio.
El Grupo 3 de Aplicación de la Ley de la Fuerza de Tarea Antidrogas de El Paso/Las Cruces investigó el caso.
El fiscal federal adjunto Kyle Myers y la fiscal federal adjunta especial Shannon Holderfield de la Oficina del Asesor Jurídico Principal de Aduanas y Protección Fronteriza procesaron el caso.