EL PASO, Texas- Este miércoles comenzó el desalojo de decenas de inquilinos que se alojaban en el hotel Gateway en el centro de El Paso, tras una orden judicial de clausura de operaciones emitida por la Fiscalía del Condado de El Paso debido a varias violaciones que involucrarían pandillas a transnacionales.
La Fiscalía del condado de El Paso obtuvo una orden judicial de 90 días contra un hotel del centro de la ciudad por presunta actividad criminal y sospechas de miembros de la pandilla "Tren De Aragua" en el hotel.
El Hotel Gateway supuestamente es una “molestia común” y un lugar donde ocurren “actividades delictivas habituales”, según una demanda contra el hotel presentada por el Estado de Texas y la Oficina del Fiscal del Condado.
Se alega que el Hotel Gateway, ubicado en 104 S. Stanton St. en el centro de El Paso, es un lugar donde ocurren actividades delictivas “habituales”, incluidos delitos relacionados con drogas, asaltos agravados y delitos relacionados con armas.
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Según la orden judicial, la Fiscalía del Condado prevé que el hotel tendrá hasta hoy jueves 12 de septiembre para cesar sus operaciones.
Un aviso impreso en hojas de colores fue entregado a los inquilinos para notificarles el desalojo y opciones de albergue o vivienda.
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La demanda sostiene que el Gateway Hotel “toleró conscientemente esta actividad delictiva y no tomó medidas razonables para reducirla. Por ejemplo, el hotel no cooperó de manera constante con las investigaciones de las fuerzas del orden”.
Asimismo, la demanda enfatiza la naturaleza grave de algunos de los delitos, incluido un incidente ocurrido el 16 de junio en el que varias personas blandieron armas y cuchillos en un asalto agravado.
La demanda también cita otros múltiples casos de agresión agravada en el hotel, incluido un incidente en el que un hombre amenazó con matar a su novia con un cuchillo y otro en el que un hombre apuñaló a otro hombre en el muslo.
Además, la demanda enumera más de 90 violaciones de las ordenanzas de la ciudad, incluyendo la falta de mantenimiento de las condiciones sanitarias, salidas de incendio bloqueadas y, lo más notable, operar sin un Certificado de Ocupación válido desde el 22 de noviembre de 2018.
