WASHINGTON — Hackers que trabajaban en colaboración con el gobierno chino atacaron a compañías que desarrollan vacunas contra el coronavirus y robaron cientos de millones de dólares en propiedad intelectual y secretos comerciales de empresas de todo el mundo, informó el martes el Departamento de Justicia al momento de anunciar cargos criminales.
La denuncia no acusa a los dos sospechosos chinos de obtener investigación relacionada con el coronavirus, pero resalta el grado de importancia que tiene la innovación científica para los gobiernos extranjeros y los hackers criminales que buscan saber lo que las compañías estadounidenses están desarrollando durante la pandemia. En este caso, los hackers investigaron las vulnerabilidades en la red de cómputo de las empresas de biotecnología y diagnóstico que desarrollan vacunas y equipos de pruebas de diagnóstico, además de investigar fármacos antivirales.
Los cargos son los más recientes en una serie de agresivas medidas del gobierno del presidente Donald Trump en contra de China. Se dan en momentos en los que Trump, cuyas aspiraciones de reelección se han visto perjudicadas por la pandemia del coronavirus, culpa a China del brote y los funcionarios de su gobierno han escalado sus denuncias en contra de Beijing, incluyendo por supuestos intentos de robo de propiedad intelectual mediante hackeos.
La imputación incluye cargos de robo de secretos comerciales y conspiración para cometer fraude electrónico en contra de los hackers, que fueron compañeros en una universidad de ingenería electrónica y a los que la fiscalía señalan de trabajar juntos durante más de una década realizando ataques cibernéticos en contra de compañías de alta tecnología en más de 10 países.
Los hackers, identificados como Li Xiaoyu y Dong Jiazhi, robaron información no sólo para su beneficio personal, sino también investigación y tecnología que saben que sería valorada por el gobierno chino, afirmaron los fiscales.
En algunas instancias, señala la denuncia, proporcionaron a un funcionario del servicio de inteligencia chino con el que trabajaban, con cuentas de correo electrónico y contraseñas pertenecientes a sacerdotes, disidentes y activistas en pro de la democracia. El funcionario también brindó ayuda, al proveer software luego de que uno de los hackers pasó problemas para violar el servidor de correos electrónicos de un grupo de derechos humanos de Birmania.
Los dos acusados no están detenidos y las autoridades federales admitieron el martes que es poco probable que pisen un tribunal estadounidense. Pero las acusaciones formales son de gran importancia simbólica y disuasoria para el Departamento de Justicia, que decidió que denunciar públicamente este comportamiento valía más la pena que esperar por el improbable escenario de que los sospechosos viajaran a Estados Unidos y se arriesgaran a ser arrestados.
Los hackeos comenzaron hace más de 10 años, con ataques a compañías farmacéuticas, de energía solar y de dispositivos médicos, pero también contra disidentes políticos, activistas y sacerdotes en Estados Unidos, China y Hong Kong, señalaron las autoridades federales.
